Trump inyecta casi 700 millones de dólares al carbón usando una ley de la Guerra de Corea

¿Cómo se resucita una industria que lleva casi veinte años encogiéndose? La respuesta de la administración Trump llega este jueves envuelta en unos 700 millones de dólares de dinero público, la mayor inyección estatal al carbón estadounidense desde el regreso del presidente al poder. El instrumento legal es, cuando menos, inusual.

Los funcionarios se apoyan en la Defense Production Act, una norma redactada originalmente para disparar la producción de acero durante la Guerra de Corea, y la usan ahora para tratar al carbón como un asunto de seguridad nacional. El giro argumental es notable: una ley de tiempos de guerra puesta a trabajar en pleno debate energético del siglo XXI.

Dónde aterriza el dinero

La porción más grande, 425 millones de dólares, circula a través de la DPA hacia 13 centrales de carbón en operación repartidas por Virginia Occidental, Kentucky, Carolina del Norte, Indiana, Tennessee, Arkansas, Arizona, Oklahoma, Dakota del Norte y Wisconsin. Otros 75 millones apuntan a la Oakland Bulk and Oversized Terminal, en California, una instalación que con el tiempo podría exportar hasta 12 millones de toneladas de carbón de Wyoming y Montana al año.

Entre los beneficiarios figuran las eléctricas Duke Energy, Hallador Energy, Oklahoma Gas & Electric y una filial de American Electric Power. El Departamento de Energía suma además 185 millones de dólares en subvenciones por fuera del fondo de la DPA. Ese dinero respalda dos plantas completamente nuevas, una en Alaska y otra en Virginia Occidental, junto con la reactivación de la central AES Warrior Run, cerca de Cumberland (Maryland).

Los promotores Terra Energy Center Corp. y TerraPurus Inc. aportarían fondos equivalentes, elevando el gasto total de los proyectos a 386 millones de dólares. Si llegan a poner la primera piedra, serían las primeras centrales de carbón nuevas construidas en el país desde 2013.

Una norma de guerra con tareas nuevas

La DPA se ha estirado mucho más allá de su origen bélico con los años. Ha movilizado mascarillas durante la pandemia, paneles solares e incluso fórmula infantil. Ningún presidente la había empujado tan lejos en el terreno energético como Trump.

En abril de 2026 firmó una Determinación Presidencial que califica las cadenas de suministro de carbón y la generación de carga base como esenciales para la defensa, ampliando una orden de febrero que orientaba al Departamento de Guerra hacia acuerdos de compra de energía con plantas de carbón que abastecen bases militares.

El relato de fondo se apoya con fuerza en la inteligencia artificial. El secretario del Interior, Doug Burgum, ha presentado la carrera por la IA como una misión de seguridad, con el carbón aportando la carga base constante que ansían los centros de datos. El acto de este jueves, una cita de las 3 de la tarde en el Despacho Oval, lleva por título "Beautiful, Clean Coal".

Hay presión real sobre la red detrás de la retórica. Según las proyecciones oficiales, el consumo eléctrico de Estados Unidos alcanzaría los 4.283 miles de millones de kilovatios hora en 2026, frente a los 4.097 de 2024. La generación con carbón, de hecho, subió alrededor de un 13% en 2025 a medida que las eléctricas reactivaban capacidad inactiva para cubrir picos de demanda.

El foco de tensión en Oakland

Esos 75 millones para Oakland son la pieza más explosiva. Los grupos conservacionistas llevan casi veinte años luchando contra la terminal, advirtiendo de que los vagones abiertos de carbón ensuciarían los barrios cercanos y prolongarían la demanda mundial de carbón mucho más allá de cualquier meta climática.

"Apuntalar a los multimillonarios del carbón con dinero de los contribuyentes es una forma más en que la administración Trump pone a los contaminadores por delante. Lo mejor para el aire, el clima y nuestras facturas eléctricas es dejar que estas plantas se retiren en paz", afirmó Kit Kennedy, directora gerente del área de energía del Natural Resources Defense Council.

Si los fondos federales de la DPA pueden pasar por encima del proceso de permisos de California sigue siendo una cuestión legal sin resolver. Ahí se decidirá buena parte del impacto real del plan.

Lectura para inversores

Para quien opera en los mercados, este es un titular político que rema contra una corriente estructural. El carbón aportaba más de la mitad de la electricidad estadounidense en su pico de 2007. Esa cuota se ha desplomado hasta cerca del 16% o 17%, y las previsiones la ven resbalar hacia el 15% en 2026 a medida que crecen las renovables.

Conviene vigilar los efectos de segundo orden. Nombres como Duke Energy y Hallador Energy podrían registrar vaivenes de sentimiento al ritmo de los titulares sobre subsidios, mientras que el gas natural, el combustible que desplazó al carbón, sigue siendo la verdadera referencia competitiva. La demanda voraz de los centros de datos enlaza esta historia con las acciones de las eléctricas, los costes industriales de la electricidad y las expectativas de inflación más amplias.

• Oportunidad táctica: movida por titulares y fallos judiciales, no por un cambio estructural de tendencia.
• Riesgo principal: las demandas en California y la testaruda economía del gas barato podrían diluir el efecto antes de que arranque una sola planta nueva.
• A seguir: el desenlace legal sobre los permisos de Oakland como termómetro del alcance real de la DPA.

  El mensaje para el inversor es de prudencia táctica. El dinero público puede mover el sentimiento a corto plazo, pero la ventaja de coste del gas y los obstáculos en los tribunales pesan sobre la viabilidad de cualquier reactivación duradera del carbón.